El proyecto de ley de creación de una zona de seguridad fronteriza genera polémica. El presidente de la Sociedad de Fomento de Cerro Largo, Ariel Segredo, dijo que no están de acuerdo porque el proyecto no tiene nada positivo.

El Ejecutivo envió al Parlamento un proyecto de ley que establece que dentro de una franja de 20 kilómetros desde la frontera hacia dentro del territorio los predios deberán pertenecer, únicamente, a ciudadanos uruguayos.

“Entendemos que los productores que quedaran dentro de 20 kilómetros serán discriminados, por ejemplo, con respecto al valor de su campo con respecto a quienes se encuentren a 25 kilómetros de la frontera. El mercado agropecuario ha sido movido por productores extranjeros fundamentalmente, y esto los discrimina. El campo perderá el valor porque habrá menos compradores ofreciendo por esos predios”, sostuvo Segredo.

“Tampoco entendemos qué motiva el proyecto porque la soberanía trasciende esos 20 kilómetros, hay más puntos que habría que tener en cuenta. Si es por un tema sanitario la solución pasa por legislar pero para todos. La seguridad sanitaria es un problema de legislación y de más control y no de la nacionalidad del productor”, opinó.

También dijo que ha sido tradición que en la zona fronteriza la mayoría de los propietarios sean de origen brasileño. “Entiendo que se diga que en otros países existe esa legislación, pero esto se tendría que haber hecho hace mucho tiempo. Ahora que se ha producido el recambio de productores es tarde”, afirmó.

El Ejecutivo invocó razones de soberanía, seguridad, protección al fisco y sanidad animal para justificar la iniciativa. Los titulares de los predios en esa franja de 20 kilómetros deben ser personas físicas, ciudadanos naturales, las personas físicas extranjeras con residencia habitual de 15 años, personas jurídicas de naturaleza pública estatales o no estatales.