Los gobiernos de Argentina y Uruguay acordaron la conformación, en el plazo de 30 días y en el seno de la Comisión Administradora del Río Uruguay (CARU), de "un comité científico integrado por dos científicos uruguayos y dos argentinos a elección de cada país".

La función de este comité radicará en "monitorear el río Uruguay y todos los establecimientos industriales, agrícolas y centros urbanos que vuelcan sus efluentes al río Uruguay y sus áreas de influencia", incluidas las que se ubican en la margen argentina del río.

El presidente de la delegación uruguaya en la CARU, Eugenio Lorenzo, explicó en radio El Espectador que es fundamental conocer todas las “potenciales fuentes de contaminación” sobre el río Uruguay. Indicó que en el tramo que va del puente general San Martín hasta el balneario Las Cañas (Río Negro) los dos afluentes de relevancia que se encuentran son la desembocadura del río Gualeguaychú y los afluentes de la planta de UPM (ex Botnia).

En ese sentido Lorenzo explicó que en cada una de las márgenes del río actuará la autoridad ambiental correspondiente, que en el caso de Uruguay es la Dirección Nacional de Medio Ambiente (Dinama). “El comité de científicos acompaña la acción de la autoridad competente y además de presenciar los controles recibe una de las muestras que se toman y puede realizar determinaciones propias sobre la misma. Vamos a presenciar los controles, realizar pruebas y reportar los resultados”, dijo.

El experto en derecho internacional Alejandro Pastori, entrevistado por la misma emisora, planteó “dudas” sobre la capacidad que tendrá la CARU para resolver en caso de desacuerdo. “El desacuerdo se puede plantear a dos niveles. Uno es entre los científicos que pueden discrepar en la decisión de lo que sucede ambientalmente y se podría trabar en el marco del comité científico. El segundo nivel es cuando la CARU por medio de sus delegados tenga que elevar un resultado”, explicó Pastori, quien recordó que en un organismo binacional ambas partes deben estar de acuerdo con las resoluciones.

Sobre esto, Lorenzo indicó que se trabajará para lograr acuerdos, pero dijo que “se irá resolviendo con el funcionamiento del comité”.

Para Lorenzo este “no es un acuerdo innovador” ya que recordó que actualmente la CARU realiza los controles pertinentes sobre las aguas y la DINAMA hace su monitoreo desde dentro de UPM. De todas formas destacó la importancia del mismo: “No fue sencillo, el propio lapso que se tardó para aprobarlo es un indicador de eso. Hay una conformidad general con el acuerdo”.

(Observa)