Autoridades de la Intendencia Municipal de Maldonado y la presidenta de la gremial de funcionarios (ADEOM), la abogada Dina Fernández Chávez, se verán mañana las caras en una sede civil de la capital fernandina, en el marco de una acción de amparo presentada por la dirigente sindical, que acusa a la comuna de “perjudicar su carrera” y “violar la ley de fuero sindical”.

Además de presidenta de la gremial, la funcionaria fue postulada a la Intendencia Municipal por el Partido Nacional para las elecciones del 9 de mayo, por lo que también cobrará resonancia política en un departamento en el que blancos y frenteamplistas prevén una dura batalla en el terreno electoral en esos comicios.
La acción de amparo fue presentada por el abogado Hugo Alves a raíz de que en enero pasado la actual administración municipal frenteamplista “retiró a la abogada de su cargo en el escalafón profesional y la pasó al administrativo, con el consiguiente perjuicio administrativo y económico”, dijo el asesor letrado a El Observador.

La solicitud fue presentada al amparo de la ley 19.940, que habilita a los trabajadores sindicalizados a pedir a la Justicia “la nulidad de cualquier discriminación tendiente a menoscabar la libertad sindical de los trabajadores en relación con su empleo o con el acceso al mismo”.

Para el abogado la comuna violó el literal B del artículo primero de esa norma, que entiende como “acto de discriminación sindical” el “despedir a un trabajador o perjudicarlo en cualquier otra forma a causa de su afiliación sindical o de su participación en actividades sindicales, fuera de las horas de trabajo o, con el consentimiento del empleador, durante las horas de trabajo”.
Alves no negó que por tratarse de una candidata a la Intendencia “el tema cobre notoriedad política”, pero resaltó que “en lo estrictamente legal lo que reclamamos es un asunto de defensa del fuero sindical”.
La funcionaria estaba en enero usufructuando un pase en comisión en la secretaría del diputado Nelson Rodríguez (Correntada Wilsonista) y la comuna procedió por entonces a pasarla al escalafón administrativo teniendo en cuenta que antes de que pasara en comisión –al asumir el entonces intendente Oscar De los Santos (Frente Amplio)- la administración le había reconocido su calidad de profesional pero estaba presupuestada como administrativa.
Alves sostuvo que la intendencia utilizó ese criterio exclusivamente con Fernández Cháves y no con otros profesionales, y opinó que “el verdadero motivo de la resolución fue su actividad sindical”.
Aseguró además que le ley que reglamenta los pases en comisión también establece que a los funcionarios en esa situación las administraciones a las que pertenecen también están obligados a “mantenerles la situación funcional” mientras dure la misma.
A raíz de ambas consideraciones legales, el pasado lunes el abogado presentó un recurso de amparo ante la sede civil de quinto turno del departamento, y la Jueza María Cristina Zás “entendió que el recurso era proponible” fijando la audiencia para mañana jueves a la hora 13.