El ministro del Interior Eduardo Bonomi dijo que Uruguay debe avanzar hacia un sistema carcelario que contemple varias alternativas para el cumplimiento de la pena. Una de las metas que se propone implementar la actual administración es implantar tratamientos para las adicciones en los centros de reclusión.

Bonomi dijo en declaraciones a radio El Espectador que el gobierno anterior dejó “encaminadas” las nuevas plazas en los establecimientos de reclusión, lo que permitirá “atenuar” la situación de sobrepoblación que se registra en la mayoría de ellos, pero no solucionará el problema de fondo.

“En las actuales condiciones las cárceles son escuelas del crimen en donde las personas terminan fortaleciendo sus vínculos con los delitos y la marginalidad. Si a eso le sumamos que la gente estigmatiza fuertemente y no facilita la reinserción tenemos un panorama complicado”, dijo.

Como alternativa a esta situación Bonomi dijo que el gobierno estudia varias opciones. “Pensamos en implementar dos cárceles de alta seguridad y muchas de media y baja seguridad”, dijo.

El secretario de Estado dijo que también se analiza la viabilidad de un “instituto de libertad asistida” que permita tener distintas modalidades de trabajo con reclusos de baja peligrosidad. Este programa estaría orientado a que los presos realicen trabajos sociales.

“El preso lo necesita, pero también hay trabajos socialmente necesarios. Además, con esto se logra que el recluso se vincule con su familia no como un dependiente sino como un aporte”, explicó.

Bonomi agregó que en determinadas condiciones y contando con la anuencia de los jueces, se puede ejercer un control por parte de los oficiales de libertad asistida a los reclusos que están trabajando o estudiando fuera del centro de reclusión.

“Que se controle si estudia como le va, si trabaja como le va. Su cumplimiento puede determinar que se termine el proceso”, dijo.

En cuando a la financiación de los nuevos centros carcelarios y de las modificaciones que se deben implementar, Bonomi dijo que el Estado se puede asociar con privados para la realización de las obras.

“Se puede hacer un acuerdo para la construcción y mantenimiento, en donde el Estado se hace cargo de la seguridad y el tratamiento de rehabilitación de los presos”, dijo. Bonomi explicó que esto no implica la existencia de cárceles privadas ya que en esos casos el privado también ejerce el rol de vigilancia.

(Observa)